Real Decreto-ley 32/2026: el tope de precios vence el 10 de noviembre y deja fuera a las aerolíneas

El Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, está en vigor desde el miércoles 4, día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto confirma las ayudas a las víctimas del choque de Urda (Toledo) y concreta lo que la referencia del Consejo de Ministros dejaba abierto: el tope de precios se calcula sobre el máximo de los treinta días anteriores al accidente, se aplica a los servicios afectados por el corte solo hasta el 10 de noviembre y no rige para el transporte aéreo hasta que la Comisión Europea lo autorice. Esta pieza actualiza con el texto del boletín la publicada ayer sobre la aprobación.

Los hechos

La norma tiene dos capítulos. El primero, de ocho artículos, regula las ayudas por el accidente ocurrido el 28 de octubre en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Puerta de Atocha–Sevilla-Santa Justa. El segundo, de un solo artículo, modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Siguen seis disposiciones adicionales, tres transitorias y cuatro finales. La final cuarta fija la entrada en vigor el mismo día de la publicación.

Convalidación. El artículo 86.2 de la Constitución exige someter el real decreto-ley al Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación. Con las Cortes disueltas, la facultad corresponde a la Diputación Permanente (artículo 78.2).

Otras reformas. Además del artículo 20 ter, se retoca el artículo 20.1.c) del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007: el precio final ofertado debe respetar la normativa reguladora de precios aplicable y hacer referencia expresa a ella. La disposición final primera modifica el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de enero, entre ellos el de Adamuz (Córdoba), y una transitoria extiende el cambio a las solicitudes en tramitación.

Las cifras

• Ayuda por fallecimiento: 72.121,46 euros por persona (artículo 3.a).
• Ayuda por lesiones: catorce categorías, de 84.141,7 euros la primera a 2.404,04 euros la última, según el baremo del seguro obligatorio de viajeros (artículo 3.b).
• Crédito extraordinario: 15.309.165,24 euros, ampliable e incorporable (artículo 8).
• Dotación total anunciada por el Ministerio de Transportes: 30 millones de euros, la mitad en ayudas y la mitad en anticipos de las indemnizaciones del seguro.
• Incapacidad temporal derivada del accidente: prestación del 75 % de la base reguladora desde el primer día, según la nota del Ministerio.

Las ayudas se conceden «con independencia de la determinación posterior de responsabilidades» y complementan las indemnizaciones que correspondan por la normativa de derechos de los viajeros.

La regla

Un artículo nuevo. El artículo 9 introduce en la ley de consumidores un artículo 20 ter, titulado «Limitación del incremento del precio final en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras». Es una reforma permanente, no una medida para un solo accidente.

La referencia. Se considera incremento cualquier precio superior al máximo al que se haya ofertado el bien o servicio, u otro análogo, durante los treinta días previos a la situación sobrevenida. Para Urda, ese periodo va del 28 de septiembre al 27 de octubre. Hay una corrección: si ese máximo supera en más de un 50 % al precio medio del mismo periodo, la referencia pasa a ser el precio medio incrementado en un 50 %.

Las salvedades. Se admiten subidas que respondan a un aumento acreditable de costes. En servicios de precio estacional puede tomarse el mismo periodo del año anterior, actualizado con el IPC. Y los servicios con tarifas reguladas o sujetos a contrato con la Administración se consideran cumplidores por definición, porque el operador no fija el precio.

La activación. El tope opera tras una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (Ley 17/2015) o cuando el Consejo de Ministros lo acuerde ante un accidente, una emergencia técnica o un supuesto de fuerza mayor. El acuerdo debe precisar fechas, servicios y referencia.

La consecuencia. El consumidor tiene derecho a la devolución automática de lo cobrado en exceso, «sin perjuicio del régimen sancionador que resulte de aplicación».

La excepción

La disposición adicional quinta aplica el nuevo artículo a los servicios afectados por el accidente y a las conexiones ferroviarias que sigan suspendidas. La transitoria segunda le pone fecha: hasta el 10 de noviembre de 2026, con prórroga posible por acuerdo del Consejo de Ministros.

La adicional sexta acota su alcance. Las medidas que puedan afectar a la libertad de precios del transporte aéreo, o de otros modos a los que se aplique ese principio en el derecho europeo,

«no serán de aplicación hasta que no se cuente con la autorización expresa para ello de la Comisión Europea». — Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 32/2026

El preámbulo lo explica por la necesidad de acreditar la compatibilidad con el Reglamento (CE) n.º 1008/2008, de servicios aéreos, y con el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, que somete la imposición de tarifas máximas en ferrocarril y carretera al régimen de obligaciones de servicio público y a su compensación.

El resultado práctico es que los límites anunciados por las aerolíneas —99 euros en el grupo Iberia, 99,99 en Wizz Air— son voluntarios. El texto no aclara la situación de la alta velocidad comercial, el alquiler de vehículos o el autobús discrecional, ni indica si la autorización a Bruselas se ha solicitado.

Los actores

Facua. La asociación reclamó el 4 de noviembre al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que actúe «de manera inmediata»: vigilancia, requerimientos de información a las empresas y expedientes sancionadores. No aporta casos concretos. Como referencia, cita que en noviembre de 2025 el billete de avión estándar entre Sevilla y Madrid costó entre 50 y 85 euros, según recoge EFE. En febrero ya había criticado, en una nota sobre otro real decreto-ley de precios en emergencias, que los topes a las aerolíneas se condicionaran a una autorización previa de Bruselas en lugar de a una simple comunicación.

Las agencias. José Manuel Lastra, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, defiende mantener la contención de precios hasta que se recupere la normalidad, según Hosteltur.

Consumo y Transportes. El primero es el destinatario de la petición de Facua. El segundo está desde el 4 de noviembre bajo el despacho de Carlos Cuerpo. No consta respuesta pública de ninguno de los dos.

Qué cambia

Para los operadores con precios libres. Deben poder acreditar el precio máximo ofertado entre el 28 de septiembre y el 27 de octubre en cada servicio afectado, y devolver de oficio cualquier exceso.

Para las aerolíneas. Nada exigible por ahora. Sus topes dependen de decisiones comerciales y pueden retirarse.

Para concesionarios y servicios con obligación de servicio público. La norma los da por cumplidores. Su tarifa ya está intervenida.

Para los viajeros. El derecho a la devolución existe desde el 4 de noviembre, pero la cobertura temporal es corta y el modo con más plazas adicionales queda fuera.

El calendario

• 28 de septiembre a 27 de octubre: periodo de referencia del precio máximo.
• 28 de octubre: accidente de Urda.
• 3 de noviembre: aprobación en Consejo de Ministros.
• 4 de noviembre: publicación en el BOE y entrada en vigor.
• 10 de noviembre: fin de la aplicación al corte ferroviario, salvo prórroga.
• Treinta días desde la promulgación: plazo para la convalidación en la Diputación Permanente.

Lo que hay que vigilar

La prórroga. La línea no tiene fecha de reapertura y el tope vence en cinco días. El Consejo de Ministros debe acordar la extensión antes del día 10.

Bruselas. Sin autorización de la Comisión, el mecanismo no alcanza a los vuelos. El real decreto-ley no dice cuándo se pedirá ni qué ocurre mientras tanto.

La primera sanción. La eficacia del artículo 20 ter se medirá por el primer expediente. Facua ya lo ha pedido.