Bruselas abre consulta sobre el ómnibus de simplificación del transporte por carretera

La Comisión Europea abrió el 27 de octubre de 2026 una convocatoria de datos para la evaluación de impacto de su paquete de simplificación del transporte por carretera (referencia Ares(2026)10076603). El documento anuncia para el primer trimestre de 2027 una propuesta de reglamento y otra de directiva que tocarán el acceso al mercado del autobús y el camión, el tacógrafo, los tiempos de conducción, la formación de conductores y el Reglamento (CE) 1370/2007 de servicios públicos de transporte. Las aportaciones se admiten hasta el 24 de noviembre a las 23:59.

Los hechos

La convocatoria lleva como título oficial el de propuestas de reglamento y de directiva sobre simplificación, digitalización y aplicación inteligente de la legislación de transporte por carretera, más actos no legislativos asociados. La firma la Dirección General de Movilidad y Transportes (DG MOVE), unidad C1. Es una convocatoria agrupada: una sola consulta, de cuatro semanas, alimenta tres iniciativas registradas por separado en el portal de participación.

Las tres piezas. La primera, iniciativa 19220, es el ómnibus de aplicación inteligente: controles más selectivos, revisión documental en oficina y menos papel. La segunda, iniciativa 19496, reforma las obligaciones de información del Reglamento 1370/2007. La tercera, la 19497, es un reglamento de ejecución que alargará los intervalos de descarga de datos del tacógrafo y de la tarjeta del conductor. Las tres prevén su adopción en el primer trimestre de 2027. A 4 de noviembre el portal registraba cinco aportaciones.

Las medidas. La lista indicativa del documento incluye inspecciones en carretera más selectivas y remotas, basadas en perfiles de riesgo y en datos electrónicos de mercancías; licencias, certificados y autorizaciones digitales e interoperables; controles complementarios en oficina; actualización remota del software del tacógrafo; formación de conductores más flexible y digital; información de las autoridades sobre contratos de servicio público a través de registros centrales y con menos frecuencia; y una «limpieza normativa» de reglas obsoletas o sin uso.

El diagnóstico

La Comisión sostiene que los controles siguen siendo en buena parte en papel y concentrados en la carretera. Gran parte del tiempo de inspección se va en revisar documentos, y operadores que cumplen son detenidos porque las autoridades no tienen información para perfilar el riesgo con el vehículo en marcha. La aplicación varía mucho entre Estados, lo que, según el texto, resta eficacia al Paquete de Movilidad I sin beneficio para la seguridad vial.

El documento cita tres problemas concretos: vehículos que deben inmovilizarse para actualizar el software del tacógrafo, restricciones en el marco de cualificación de conductores de autobús y camión que frenan la modernización de la formación, y una información sobre obligaciones de servicio público que considera excesivamente gravosa.

El encaje político. El paquete figura en la carta de intenciones que acompañó el discurso sobre el estado de la Unión de 2026. Se apoya en la Brújula para la Competitividad, COM(2025) 30, que comprometió recortar las cargas administrativas derivadas de la legislación europea al menos un 25 % para todas las empresas y un 35 % para las pymes. Ese objetivo es general; la convocatoria no cuantifica el ahorro de esta iniciativa.

El marco legal

La lista de actos afectados es larga. En acceso al mercado, los Reglamentos (CE) 1071/2009, 1072/2009 y 1073/2009 —este último regula los servicios internacionales de autobús y autocar—, los Reglamentos (UE) 361/2014 y 2016/403, y la derogación de los Reglamentos (CEE) 4058/89 y 3916/90. En tacógrafo, el Reglamento (UE) 165/2014 y el de ejecución 2016/799. En normas sociales, el Reglamento (CE) 561/2006, la Directiva (UE) 2020/1057 y los Reglamentos 581/2010 y 2021/2179. En control, las Directivas 2006/22/CE y 2014/47/UE. Además, la Directiva (UE) 2022/2561 de cualificación de conductores y el Reglamento 1370/2007.

La base jurídica. El artículo 91 del Tratado de Funcionamiento. Solo la reforma del 1370/2007 se apoya también en el artículo 109, el de ayudas de Estado. La Comisión insiste en que no cambia los objetivos de las normas, solo su aplicación.

El cambio en el 1370/2007. El artículo 7.1 obliga hoy a cada autoridad competente a publicar una vez al año un informe global sobre las obligaciones de servicio público a su cargo, con operadores seleccionados, compensaciones y derechos exclusivos. Según la ficha de la iniciativa 19496, las autoridades dejarían de comunicar la compensación cada año: lo harían una sola vez, al adjudicar el contrato, y solo si supera un millón de euros. La información se volcaría en el registro previsto en la Decisión (UE) 2025/2630.

Qué cambia para…

Las autoridades de transporte. En España afecta al Ministerio de Transportes, titular de las concesiones estatales de autobús, y a comunidades autónomas, consorcios y ayuntamientos. Un ejemplo de la carga actual: el informe global de 2024 de la Dirección General de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha, firmado por su directora general, Lucía Balmaseda, recoge 26 entradas de servicios de autobús y 13 operadores. Con la reforma, ese ejercicio anual desaparecería para los contratos pequeños.

La transparencia. El informe del artículo 7.1 es la única fuente sistemática y anual sobre compensaciones por contrato. Si solo se comunica la cifra de adjudicación y solo por encima del millón, las revisiones posteriores y los contratos menores dejan de ser visibles. La simplificación tiene un coste para operadores rivales, auditores y prensa que la convocatoria no evalúa.

Los operadores de autobús. La digitalización de licencias y autorizaciones y los controles en oficina interesan a las pymes de discrecional e internacional, que acumulan documentación a bordo. La convocatoria no detalla qué documentos del Reglamento 1073/2009 se digitalizarían. La actualización remota del tacógrafo evitaría inmovilizaciones; la IRU pidió en junio que el coste de las actualizaciones de seguridad de los tacógrafos de segunda generación no recaiga en los transportistas, según trans.info.

Los centros de formación. La Directiva 2022/2561 se aplica en España mediante el Real Decreto 284/2021 sobre el certificado de aptitud profesional. Una formación más flexible y digital obligaría a revisar ese decreto y la homologación de cursos.

Los actores

DG MOVE dirige el expediente. Su documento anuncia consultas específicas con Estados miembros, autoridades competentes, fabricantes y talleres de tacógrafos, transportistas y conductores, con cobertura geográfica amplia, para cuantificar costes y ahorros. Tendrá en cuenta el taller de contraste celebrado con el sector el 16 de junio de 2026. Las aportaciones se resumirán en un informe de síntesis anexo a la evaluación de impacto.

El Comité Económico y Social Europeo aprobó el 18 de junio de 2026 su dictamen exploratorio TEN/881, sobre simplificación con normas sociales estrictas, con ponencia de Marco Wagener, del Grupo de Trabajadores. Ni el Ministerio de Transportes ni las patronales españolas de autobús se han pronunciado públicamente sobre la convocatoria.

El calendario

• 29 de enero de 2025: Brújula para la Competitividad, con el objetivo de reducir cargas un 35 % para las pymes.
• 16 de junio de 2026: taller de contraste de la Comisión con el sector del transporte por carretera.
• 18 de junio de 2026: dictamen del CESE TEN/881.
• 1 de julio de 2026: el tacógrafo inteligente de segunda generación se extiende a furgonetas de 2,5 a 3,5 toneladas en transporte internacional.
• 10 de septiembre de 2026: la Comisión registra la iniciativa de aplicación inteligente.
• 19 de octubre de 2026: registro de las iniciativas sobre el Reglamento 1370/2007 y sobre descargas del tacógrafo.
• 27 de octubre de 2026: publicación de la convocatoria de datos.
• 24 de noviembre de 2026, 23:59: cierre de aportaciones.
• Primer trimestre de 2027: adopción prevista de las propuestas, con su evaluación de impacto.

Lo que hay que vigilar

Primero, el umbral del millón de euros: si se mantiene, los contratos de autobús por debajo de esa cifra dejarían de figurar en la información pública sobre compensaciones; se sabrá con la propuesta del primer trimestre de 2027. Segundo, el alcance de la digitalización documental del 1073/2009 y si las inspecciones remotas sustituyen o solo complementan los controles en carretera. Tercero, el tratamiento de la formación CAP: la convocatoria habla de flexibilidad sin concretar si toca horas, contenidos o modalidad a distancia. Después llegará la tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo, sin calendario.