A Coruña fija la estructura de costes del futuro contrato de autobús urbano eléctrico

El Concello da Coruña aprobó el 3 de noviembre de 2026 la estructura de costes que servirá de base a la fórmula de revisión de precios del futuro contrato de autobús urbano: personal, 51,63 %; amortización y financiación, 30,88 %; explotación, 17,49 %. Es el último trámite técnico antes de los pliegos de un servicio que la Compañía de Tranvías de La Coruña presta en concesión desde el 1 de enero de 1987 y que vence el 31 de diciembre de 2026. El anuncio previo publicado en el Diario Oficial de la UE en 2025 sitúa el arranque del nuevo contrato el 31 de mayo de 2027, con una duración de 180 meses.

Los hechos

El reparto procede del estudio económico-financiero del servicio y de las estructuras de costes que remitieron los operadores consultados, según publicó Autobuses & Autocares el mismo día 3. Seis días antes, el 29 de octubre, el DOUE había publicado el anuncio de información previa 751966-2026, expediente DPE/2026/82, que da a conocer la propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato. Figura como poder adjudicador la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. El anuncio, enviado el 28 de octubre, se acoge a la Directiva 2014/24/UE y remite al perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No incluye importe, lotes ni plazos.

El calendario lo fija un aviso anterior. El 31 de octubre de 2025 el Concello publicó el anuncio 722254-2025, específico de transporte y amparado en el Reglamento (CE) 1370/2007: licitación competitiva, inicio estimado del servicio el 31 de mayo de 2027 y duración de 180 meses. Ese aviso es obligatorio al menos un año antes de convocar, de modo que la licitación queda habilitada desde finales de octubre de 2026.

El contexto

No es el primer intento. En julio de 2017 el Ayuntamiento ya publicó en el DOUE un anuncio previo del servicio de transporte urbano al amparo del artículo 7.2 del mismo reglamento (TED 280059-2017). No hubo licitación. En junio de 2018 la CNMC, a petición municipal, informó sobre la revisión de la tarifa (INF/CNMC/015/18): advirtió de que los usuarios parecían soportar un sobrecoste elevado en beneficio del concesionario, pidió ajustar el régimen económico a la normativa europea de ayudas de Estado, recomendó comunicar a la Comisión Europea las condiciones de los treinta años de concesión y sugirió estudiar fórmulas distintas a un único operador.

Desde entonces la concesión se ha mantenido prorrogada. La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz Vázquez, admitió en una presentación ante el Observatorio de la Movilidad Metropolitana que la prórroga y su plazo de amortización frenan la compra de autobuses nuevos. Ese es el coste real de la demora: una flota que nadie renueva porque nadie sabe quién la explotará.

La demanda, en cambio, empuja. El récord mensual prepandemia —2.267.618 viajes en octubre de 2019— se superó en octubre de 2023, y entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 el uso creció un 7,02 %. Los descuentos ligados a las ayudas al transporte explican buena parte: el perfil general paga 0,45 euros frente a un billete sencillo de 1,30. La facturación del concesionario al Concello pasó de 7,98 millones de euros en 2019 a 21,57 millones en 2024, con 22,31 millones previstos para 2025.

El proceso coincide con una ola de renovaciones. Santiago adjudicó en julio de 2026 un contrato de 13 años y casi 118,88 millones a una UTE de Alcalabus, Castromil y Autobuses Urbanos de Lugo, con 67 vehículos nuevos, según El Español. Vigo tenía en abril seis candidaturas a un contrato de 469 millones (391 de presupuesto) hasta 2034, y Zaragoza, Bilbao y Murcia sumaban procesos de cientos de millones, según Vozpópuli.

El marco legal

La revisión de precios de un contrato público solo cabe si es periódica y predeterminada y si el período de recuperación de la inversión es igual o superior a cinco años, según el artículo 103.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. El mismo artículo excluye en todo caso amortizaciones, costes financieros, gastos generales y beneficio industrial. Los costes de mano de obra se revisan cuando la intensidad del factor trabajo es significativa.

El Real Decreto 55/2017, que desarrolla la Ley 2/2015 de desindexación, fija en su artículo 9.7 el procedimiento para contratos de precio igual o superior a cinco millones: pedir la estructura de costes a cinco operadores del sector, elaborar una propuesta, someterla a información pública durante 20 días y remitirla para informe preceptivo al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, que dispone de otros 20. Las entidades locales pueden recabarlo del órgano consultivo autonómico en materia de contratación, si existe. El artículo 5 añade un tope al capítulo de mayor peso: la subida salarial repercutible no puede superar el incremento de las retribuciones del personal del sector público fijado en los Presupuestos Generales del Estado.

La duración tampoco es casual. El artículo 4.3 del Reglamento 1370/2007 limita a diez años los contratos de autobús, y el 4.4 permite ampliarlos hasta un 50 % cuando el operador aporta activos significativos y vinculados al servicio. Los 180 meses del anuncio de 2025 son exactamente ese máximo. El artículo 5.5 permite, ante el riesgo de interrupción del servicio, prorrogar el contrato vigente o imponer la prestación como medida de emergencia durante un máximo de dos años. La competencia es municipal por el artículo 26.1.d) de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a prestar transporte colectivo urbano.

Las cifras

• Estructura de costes aprobada: personal 51,63 %, amortización y financiación 30,88 %, explotación 17,49 %.
• Duración estimada del contrato: 180 meses; inicio estimado, 31 de mayo de 2027.
• Red actual: 22 líneas diurnas, 2 universitarias y 2 nocturnas circulares; 180,84 kilómetros de recorrido de ida.
• Facturación al Concello: 21,57 millones en 2024 y 22,31 millones previstos en 2025.
• Demanda: +7,02 % interanual entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.

No constan en ningún documento publicado el valor estimado del contrato, el número de autobuses ni el calendario de electrificación.

Qué cambia para los operadores

La fórmula. Con un 30,88 % del coste en amortización y financiación —partidas que la ley declara no revisables—, casi un tercio del precio quedará fijo durante quince años. El riesgo de tipos de interés y de precio de los vehículos lo asumirá el adjudicatario al ofertar. Solo personal y explotación podrán actualizarse, y el primero con el tope salarial público.

La comparación. El Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo, patrocinado por ATUC, situó el gasto de personal en casi el 72 % de los gastos totales de su muestra en 2022. El 51,63 % coruñés describe un contrato con más carga inversora que la media, coherente con una renovación de flota que la información publicada presenta como 100 % eléctrica, aunque los documentos oficiales consultados no la cuantifican.

El traspaso. Los pliegos tendrán que resolver qué ocurre con la flota, las cocheras y la plantilla del concesionario saliente. Nada de ello consta todavía. Para los grandes grupos —Alsa, Avanza, Monbus, Vectalia, Moventis— es una de las pocas capitales de provincia que sale a concurso tras casi cuatro décadas sin competencia.

Los actores

La Junta de Gobierno Local es el órgano de contratación que figura en el DOUE; la concejalía de Infraestructuras y Movilidad redacta los documentos. La Compañía de Tranvías de La Coruña no se ha pronunciado públicamente sobre el procedimiento. La Xunta gestiona el transporte metropolitano que converge en la ciudad.

El calendario

• 1 de enero de 1987: inicio de la concesión de la Compañía de Tranvías de La Coruña.
• 19 de julio de 2017: primer anuncio previo en el DOUE (artículo 7.2 del Reglamento 1370/2007).
• 8 de junio de 2018: informe INF/CNMC/015/18 sobre la revisión de tarifas.
• 31 de octubre de 2025: anuncio previo 722254-2025, con licitación competitiva y 180 meses.
• 29 de octubre de 2026: anuncio 751966-2026 con la propuesta de estructura de costes.
• 3 de noviembre de 2026: aprobación municipal de la estructura de costes.
• 31 de diciembre de 2026: vencimiento de la concesión.
• 31 de mayo de 2027: inicio estimado del nuevo contrato.

Lo que hay que vigilar

El orden de los trámites. Si la información pública de 20 días se abrió con el anuncio del 29 de octubre, no habría concluido el 3 de noviembre; las fuentes no aclaran si el acuerdo municipal abre o cierra esa fase, y el expediente del perfil de contratante lo despejará. El informe del Comité Superior de Precios, con 20 días de plazo desde que reciba la propuesta, es la condición para aprobar los pliegos. Y el puente: entre el vencimiento del 31 de diciembre y el inicio estimado del 31 de mayo de 2027 median cinco meses que exigirán una nueva prórroga o una medida de emergencia del artículo 5.5. Ninguna de las tres cuestiones tiene fecha publicada; el importe, tampoco.