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El Real Decreto-ley 41/2026 lleva el comercio de emisiones a navieras, aerolíneas y combustibles de carretera

El BOE publica el Real Decreto-ley 41/2026, que modifica la Ley 1/2005 para incorporar la reforma europea del comercio de derechos de emisión. Entra en vigor el 22 de noviembre.

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Buque portacontenedores azul atracado bajo grúas pórtico en el puerto de Valencia
Niels Johannes · CC BY-SA 4.0

Noticia

El BOE publica el Real Decreto-ley 41/2026, que modifica la Ley 1/2005 para incorporar la reforma europea del comercio de derechos de emisión. Entra en vigor el 22 de noviembre. Permite ordenar la expulsión o la inmovilización de los buques de navieras que incumplan la entrega de derechos durante dos o más periodos consecutivos, fija para los operadores aéreos multas de 15.001 euros a dos millones y crea un régimen propio para los combustibles de edificios y transporte por carretera, cuyas obligaciones recaen en quien los despacha a consumo. Es además la llave del Fondo Social para el Clima.

El BOE publica hoy el Real Decreto-ley 41/2026, de 20 de noviembre, que modifica la Ley 1/2005, del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para incorporar la reforma europea de 2023. Entra en vigor mañana, 22 de noviembre. Para el transporte trae tres cambios: las navieras quedan sujetas a un régimen sancionador que llega a la expulsión de sus buques de los puertos españoles, los operadores aéreos pierden de forma progresiva la asignación gratuita de derechos y los combustibles de la carretera entran en un comercio de emisiones propio, cuyas obligaciones recaen en quien los despacha a consumo y no en el consumidor final.

Los hechos

La norma ocupa 78 páginas del BOE número 290, de la 158108 a la 158185, y lleva la firma del rey y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Traspone la Directiva (UE) 2023/958, sobre la contribución de la aviación a la reducción de emisiones, y la Directiva (UE) 2023/959, que reforma el régimen europeo y crea otro independiente para los combustibles de edificios, transporte por carretera y otros sectores; adapta además la ley al Reglamento (UE) 2023/957, que incorporó el transporte marítimo. Tiene diez disposiciones finales: la décima fija la entrada en vigor al día siguiente de la publicación, aunque el preámbulo la atribuye a una undécima que no existe.

El barco

El comercio europeo de emisiones se aplica al transporte marítimo desde el 1 de enero de 2024. Lo que añade ahora la ley española es el instrumento para hacerlo cumplir. El nuevo artículo 31 bis permite a la Oficina Española de Cambio Climático, cuando una naviera haya incumplido la obligación de entrega durante dos o más periodos de notificación consecutivos y hayan fracasado otras medidas, pedir a la Administración Marítima que dicte una orden de expulsión contra el buque de esa empresa que entre en un puerto español o, si enarbola bandera española, su inmovilización. La orden exige dar antes audiencia a la naviera, se mantiene hasta que cumpla y se notifica a la Comisión Europea, a la Agencia Europea de Seguridad Marítima, a los demás Estados miembros y al Estado de abanderamiento. La ley prevé también la inmovilización cuando la orden la dicta otro Estado miembro; según el preámbulo, ambas actuaciones corresponden al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Las sanciones. El nuevo artículo 29 ter tipifica como infracción muy grave que una naviera no entregue los derechos que exige el artículo 27.2, y como leve el resto de incumplimientos no tipificados de otro modo. Las sanciona la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, previo informe de la Dirección General de la Marina Mercante. La disposición final primera modifica en paralelo el régimen sancionador del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. El texto corrige además un término de la versión española de la directiva: en la definición de puerto de escala, «buque de operaciones en el medio marino» sustituye a «buque de alta mar».

El avión

Para los operadores aéreos, la reforma recoge la aplicación del plan CORSIA de la aviación internacional a través del régimen europeo desde 2024 y la eliminación progresiva de la asignación gratuita, con un porcentaje mayor de derechos a subasta. La cancelación de unidades por las emisiones de 2024 a 2026 deberá hacerse a más tardar el 31 de enero de 2028, y las compañías tendrán que seguir, notificar y verificar los efectos de la aviación distintos del CO2. La infracción muy grave de un operador aéreo se castiga con multa de 15.001 euros a dos millones, y el exceso de emisiones sin cubrir, con 100 euros por tonelada, la misma cuantía que rige para las instalaciones fijas. Las sanciona la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, previo informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

La carretera

El capítulo XI crea el régimen independiente para los combustibles que se consumen en edificios, en el transporte por carretera y en otros sectores adicionales. Sus obligaciones no recaen sobre los consumidores finales, sino sobre las entidades reguladas, las responsables del despacho a consumo del combustible. Las que ya operen sin autorización de emisión deberán pedirla en el plazo de un mes desde la entrada en vigor, según la disposición transitoria cuarta; tendrán que notificar sus emisiones antes del 30 de abril de cada año y, entre 2028 y 2030, informar del porcentaje medio del coste de los derechos que repercutieron a sus clientes el año anterior. La disposición adicional novena permite al Gobierno, a partir de 2027, extender el régimen a sectores que no figuran en el anexo de la ley.

Para el operador. Un autobús, un camión o una furgoneta de reparto no compran derechos de emisión: el coste llega con el precio del combustible que les vende la entidad regulada. El informe de repercusión que la ley exige de 2028 a 2030 medirá cuánto de ese coste se traslada al cliente.

El dinero

La trasposición es también la condición para que España pueda recibir el Fondo Social para el Clima, creado por el Reglamento (UE) 2023/955 para ayudar a hogares vulnerables, microempresas y usuarios vulnerables del transporte y financiado sobre todo con las subastas europeas de derechos. El preámbulo cita la propuesta española de Plan Social por el Clima: más de 4.700 millones de euros para vivienda y, en transporte, la renovación de flotas de vehículos pesados por vehículos eléctricos, el transporte público asequible y accesible, la movilidad rural a la demanda en las zonas menos pobladas, la intermodalidad y la movilidad activa. El destino de los ingresos de las subastas sigue regulado por el artículo 30.4 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética.

El procedimiento

Como todo decreto-ley, el Congreso tiene que pronunciarse sobre él en los treinta días siguientes a su promulgación, según el artículo 86.2 de la Constitución. Con las Cámaras disueltas desde el 6 de octubre por el Real Decreto 806/2026, la convalidación queda en manos de la Diputación Permanente, como ocurrió el 18 de noviembre con el Real Decreto-ley 34/2026 de seguridad ferroviaria, según la resolución del Congreso publicada el día 20.

Lo que hay que vigilar

La convalidación, dentro del plazo constitucional de treinta días. El primer mes, en el que las entidades reguladas que ya operan sin autorización deben pedirla. El calendario del régimen de los combustibles, que fija la normativa europea y no este decreto-ley, y el Plan Social por el Clima, todavía en propuesta, del que dependen las ayudas a la renovación de flotas, al transporte público y a la movilidad rural a la demanda.

Cifras clave

  • Norma: Real Decreto-ley 41/2026, de 20 de noviembre (BOE 21-11-2026, núm. 290)(BOE-A-2026-24438)
  • Entrada en vigor: 22-11-2026(Real Decreto-ley 41/2026, disposición final décima)
  • Expulsión o inmovilización de buques: Tras dos o más periodos de notificación consecutivos sin entregar derechos(Ley 1/2005, art. 31 bis (nuevo))
  • Infracción muy grave de un operador aéreo: 15.001 € a 2 M€(Ley 1/2005 reformada, régimen sancionador)
  • Exceso de emisiones sin cubrir: 100 € por tonelada(Ley 1/2005 reformada, régimen sancionador)
  • Plazo de autorización para entidades reguladas: 1 mes desde la entrada en vigor(Real Decreto-ley 41/2026, disposición transitoria cuarta)
  • Plan Social por el Clima (propuesta): Más de 4.700 M€ para vivienda; renovación de flotas pesadas, transporte público y movilidad rural a la demanda(Real Decreto-ley 41/2026, preámbulo)

Cronología

  • 2005-03-09 · Ley 1/2005 del régimen de comercio de derechos de emisión
  • 2021-05-20 · Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética
  • 2023-05-10 · Directivas (UE) 2023/958 y 2023/959 y Reglamentos (UE) 2023/955 y 2023/957
  • 2024-01-01 · El transporte marítimo entra en el régimen europeo de comercio de emisiones
  • 2026-11-20 · Real Decreto-ley 41/2026
  • 2026-11-21 · Publicación en el BOE
  • 2026-11-22 · Entrada en vigor
  • 2028-01-31 · Fin del plazo de cancelación de unidades por las emisiones aéreas de 2024 a 2026
  • 2028-04-30 · Primer informe del porcentaje de coste de los derechos repercutido a los consumidores (2028-2030)

Guía rápida

De qué trata. El BOE publica el Real Decreto-ley 41/2026, que modifica la Ley 1/2005 para incorporar la reforma europea del comercio de derechos de emisión. Entra en vigor el 22 de noviembre. Permite ordenar la expulsión o la inmovilización de los buques de navieras que incumplan la entrega de derechos durante dos o más periodos consecutivos, fija para los operadores aéreos multas de 15.001 euros a dos millones y crea un régimen propio para los combustibles de edificios y transporte por carretera, cuyas obligaciones recaen en quien los despacha a consumo. Es además la llave del Fondo Social para el Clima.

Quiénes son los protagonistas. Gobierno (Real Decreto-ley firmado por el presidente, Pedro Sánchez); Oficina Española de Cambio Climático y Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que sancionan; Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Dirección General de la Marina Mercante, por las órdenes de expulsión e inmovilización; Agencia Estatal de Seguridad Aérea; navieras, operadores aéreos y entidades que despachan combustible a consumo; Diputación Permanente del Congreso, que debe convalidarlo.

Para quién es relevante. Navieras de pasaje y de carga con escala en España, autoridades portuarias y capitanías, aerolíneas y operadores aéreos, distribuidores de carburantes, operadores de autobús y de transporte de mercancías por carretera (por el precio del combustible) y administraciones que preparan el Plan Social por el Clima.

Por qué es importante. Convierte en ley española la reforma europea de 2023 y le da dientes en el mar: un buque puede quedar fuera de los puertos españoles si su naviera no paga sus emisiones. Abre además el régimen de los combustibles de la carretera y condiciona el acceso al Fondo Social para el Clima.

Qué puede pasar ahora. Convalidación por la Diputación Permanente en los treinta días siguientes a su promulgación; un mes para que las entidades reguladas sin autorización la soliciten; 31 de enero de 2028, cancelación de unidades por las emisiones aéreas de 2024 a 2026; informes de repercusión de costes de los combustibles cada 30 de abril de 2028 a 2030; aprobación del Plan Social por el Clima.

Para saber más

Hechos: 21-11-2026 · Redacción: 2026-11-21T07:35:00+01:00

MOTICIAS · 2026-11-21 · FIN